Criterios que determinan cuándo deben ser escuchados los menores
Uno de los aspectos más sensibles y cruciales es el bienestar de los menores involucrados en situaciones legales. Garantizar sus derechos y escuchar sus opiniones es esencial para tomar decisiones informadas y justas. En este artículo, exploraremos los criterios que determinan cuándo deben ser escuchados los menores en procesos legales en España.
El Interés Superior del Menor como Principio Fundamental
El interés superior del menor es un principio rector en cualquier asunto que afecte a un niño, según el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por España.
Este principio implica que las decisiones deben tomar en consideración el bienestar físico, emocional y psicológico del menor por encima de cualquier otro interés. La participación del menor en el proceso legales fundamental para determinar su interés superior de manera adecuada.
La legislación española referente al derecho de los menores a ser escuchados
La Ley de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 9, establece el derecho de los menores a ser escuchados en procesos administrativos o judiciales en los que se vean directamente afectados, así como en el ámbito familiar. Así mismo, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo haciendo referencia al derecho del menor al ser oído, atendiendo siempre a ciertos criterios como la edad, madurez y capacidad del menor.
Edad y madurez del menor
La edad y la madurez del menor son factores clave en la decisión sobre cuándo deben ser escuchados los menores. La ley española reconoce el derecho de los menores a ser escuchados en función de su capacidad para comprender la situación y expresar sus opiniones de manera coherente. El art. 92.6 del Código Civil regula la audiencia de los menores por el juez, cuando tengan suficiente juicio y el juez lo estime necesario.
Aunque no hay una edad específica establecida en la legislación, se tiende a considerar que los adolescentes mayores tienen una capacidad de comprensión más desarrollada y, por lo tanto, una mayor influencia en la toma de decisiones que los niños más pequeños. Suele tomarse como referencia los 12 años de edad.
Un criterio esencial es si el menor tiene la capacidad de formar opiniones propias y expresarlas de manera coherente. Esto no solo se relaciona con la madurez, sino también con su nivel de exposición y comprensión de la situación. Los menores deben ser capaces de entender las implicaciones de sus opiniones en el proceso legal y no sentirse coaccionados o influenciados por terceros.
Naturaleza de la decisión legal
La relevancia de cuándo deben ser escuchados los menores también está vinculada a la naturaleza de la decisión legal en cuestión. El menor tiene derecho a ser oído cuando una decisión afecte a su esfera personal, familiar o social. En casos de custodia, adopción, visitas y otros temas relacionados con la vida familiar del menor, su participación es especialmente importante.
Proceso adecuado para escuchar al menor
Escuchar a un menor en asuntos legales debe llevarse a cabo de manera adecuada y respetuosa. Por lo general, se involucra a profesionales especializados, como psicólogos o trabajadores sociales, para garantizar que el menor se sienta cómodo y seguro al expresar sus opiniones. El proceso debe ser confidencial y libre de presiones externas.
Elección de un Representante Legal para el menor
En algunos casos, es posible que el menor necesite un representante legal independiente que defienda sus intereses y opiniones en el proceso legal. Esto es especialmente relevante en situaciones de conflicto en las que los padres o tutores tienen puntos de vista opuestos. Un representante legal para el menor puede garantizar que sus deseos sean considerados y abogar por su bienestar.
El derecho de los menores a ser escuchados
La participación y el escuchar a los menores en cuestiones legales son esenciales para garantizar su bienestar y proteger sus derechos. La legislación española, en línea con los estándares internacionales, reconoce la importancia de considerar la opinión de los menores en procesos legales que los afecten.
A través de la evaluación de factores como la edad, la madurez, la capacidad para formar opiniones propias y la naturaleza de la decisión legal, se busca equilibrar su participación con la toma de decisiones informadas y justas. En última instancia, al priorizar el interés superior del menor, se construye un sistema legal más sensible y adecuado a las necesidades de los más vulnerables.
En Sirera y Saval, comprendemos la importancia de proteger los derechos de los menores y garantizar su participación en asuntos legales que los afectan directamente. Como equipo de abogados especializados en derecho de familia y derechos de los menores, nos comprometemos a brindar asesoramiento y representación legal que tenga en cuenta el bienestar y las opiniones de los más jóvenes.
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