La actual regulación legal de la actividad comercial empresarial profesional y personal comprende la determinación de ciertos hechos susceptibles de ser perseguidos como delitos y por tanto castigados con pena de privación de libertad  tales como insolvencias punibles, delitos societarios, responsabilidad penal de las personas jurídicas que alcancen a los componentes de su órgano de administración, defraudación delito fiscal o falsedad de documentos oficiales y privados.

En la actual coyuntura socioeconómica cada vez son más los operadores del tráfico mercantil que ejercitan acciones penales para el resarcimiento de los incumplimientos o daños que soportan en el marco de concursos de acreedores, conflictos societarios o incumplimientos contractuales. Por su parte, los tribunales se muestran también más proclives a la admisión de denuncias y querellas al respecto de estas materias, su tramitación y posterior enjuiciamiento.

Nuestra Firma cuenta con profesionales expertos en todas las materias y aspectos relacionados con este ámbito jurisdiccional, por lo que viene asumiendo habitualmente tanto la persecución de los autores (ejerciendo la acusación particular),  como la defensa de los intereses de las personas (físicas y jurídicas) afectadas por hechos tipificados y punibles.