¿Es posible reactivar una sociedad disuelta?
En el mundo empresarial, las circunstancias cambian rápidamente y a veces una empresa puede disolverse por diversas razones. Sin embargo, ¿es posible reactivar una sociedad que ha sido disuelta? En este artículo, exploraremos esta cuestión analizando las posibilidades y procedimientos legales que pueden permitir la reactivación de una sociedad disuelta.
Disolución de una sociedad: causas y efectos
Antes de abordar la posibilidad de reactivar una sociedad disuelta, es importante comprender las causas y efectos de la disolución. Las sociedades pueden disolverse por diversas razones, como la expiración del plazo de duración establecido en sus estatutos, la realización del objeto social, pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto por debajo de ciertos límites legales, acuerdo de los socios, entre otros (Artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital).
Una vez que una sociedad se disuelve, entra en un proceso de liquidación en el cual se procede a la realización de los activos, pago de las deudas y distribución del remanente entre los socios, de acuerdo con lo establecido en la ley y los estatutos sociales (Artículo 371 LSC).
Posibilidad de reactivación
La reactivación de una sociedad disuelta no es un proceso automático ni sencillo, pero tampoco es imposible. La legislación mercantil puede ofrecer algunas vías para ello, aunque dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Una de las opciones es la rehabilitación de la sociedad, que puede ser solicitada por los administradores o socios en el plazo de dos años desde la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil (Artículo 370 LSC).
El citado artículo 370 de la LSC establece que “la junta general podrá acordar el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya desaparecido la causa de disolución, el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios. No podrá acordarse la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho”.
Procedimiento de rehabilitación
El procedimiento de rehabilitación de una sociedad disuelta implica seguir una serie de pasos establecidos por la legislación mercantil. En primer lugar, es necesario que los administradores o socios acuerden la rehabilitación y convoquen una junta general para aprobarla. El socio que no vote a favor de la reactivación tiene derecho a separarse de la sociedad.
Posteriormente, se debe presentar la solicitud de rehabilitación ante el Registro Mercantil competente, adjuntando la documentación requerida por la ley.
El Registro Mercantil examinará la solicitud y, si considera que cumple con los requisitos legales, procederá ainscribir la rehabilitación en el Registro, lo que implicará la reactivación de la sociedad.
Es importante destacar que los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción del capital.
Efectos de la rehabilitación
Una vez que la sociedad ha sido rehabilitada, podrá continuar operando como una entidad activa en el tráfico mercantil. Los administradores retoman sus funciones y la sociedad puede volver a realizar actividades comerciales, celebrar contratos, adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio.
Es importante tener en cuenta que la rehabilitación de una sociedad disuelta no afecta a los actos realizados durante el período de disolución y liquidación. Éstos seguirán siendo válidos y vinculantes para la sociedad rehabilitada. Sin embargo, una vez rehabilitada, la sociedad asume la responsabilidad de cumplir con las obligaciones pendientes y puede iniciar nuevas actividades comerciales.
El asesoramiento legal para reactivar una sociedad disuelta
En conclusión, la reactivación de una sociedad disuelta es posible mediante el procedimiento de rehabilitación establecido en la legislación mercantil.
Si bien este proceso es complejo e implica seguir una serie de pasos y requisitos legales. La complejidad y el carácter de estas operaciones requieren el asesoramiento legal de abogados expertos en derecho mercantil y societario como el equipo de Sirera y Saval.
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