Sirera Saval Abogados tuvo el honor de acoger el pasado 17 de junio una conferencia magistral impartida por la catedrática Carolina Sanchis Crespo, de la Universidad de Valencia. Acompañada de Esther López Ruano, letrada de la Administración de Justicia, y Víctor Saval, socio director del despacho, la ponencia abordó un tema de creciente relevancia en el ámbito jurídico: la documentación electrónica y su problemática como medio de prueba en los procesos judiciales.

La intervención de la profesora Sanchis Crespo se centró en la reciente reforma operada por el Real Decreto-Ley 6/2023 y su impacto en la gestión de documentos electrónicos en los procedimientos judiciales. La catedrática comenzó destacando cuatro ideas clave sobre el estado actual de la prueba electrónica en nuestro ordenamiento jurídico. 

Subrayó que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no contempla de manera específica la prueba electrónica. Este vacío normativo exige una adaptación urgente de las categorías existentes de medios de prueba a la realidad digital.

La adaptación normativa y el expediente judicial electrónico

Una de las principales conclusiones de la ponencia fue la necesidad de un conocimiento especializado para manejar adecuadamente la documentación electrónica en el ámbito judicial, lo que se conoce como «know how». 

Nuestro sistema de derecho continental carece, según Sanchis Crespo, de la experiencia práctica necesaria para implementar eficazmente estas tecnologías. 

Además, señaló la diversidad de enfoques y formas de cumplimiento de la ley dependiendo del foro en el que nos encontremos, lo que añade un nivel adicional de complejidad.

El concepto de Expediente Judicial Electrónico (EJE) fue otro de los puntos críticos tratados. Definido como el conjunto ordenado de datos, documentos y actuaciones electrónicas, el EJE aspira a centralizar toda la información procesal en un único formato digital. 

Sin embargo, la letrada López Ruano calificó esta implementación como una «medio realidad», ya que aún persisten numerosos problemas técnicos y de interconectividad que afectan especialmente a abogados y procuradores.

Problemas de interconectividad y seguridad

Uno de los mayores desafíos es la interoperabilidad de los sistemas informáticos utilizados en la Administración de Justicia. Según el Art. 47 del RDL 6/2023, todos los sistemas deben asegurar la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, siguiendo esquemas comunes. Sin embargo, la realidad muestra que muchos de estos sistemas no están preparados para esta integración, lo que deja numerosas cuestiones en un “limbo jurídico-tecnológico”.

La obtención de documentos electrónicos desde sus soportes de origen también presenta complicaciones. Estos pueden provenir de una variedad de fuentes como ordenadores, redes sociales, teléfonos móviles y servicios de almacenamiento en la nube. 

Sanchis Crespo destacó que los abogados deben ser especialmente diligentes en la búsqueda y presentación de estos documentos, asegurándose de su autenticidad y fiabilidad.

La genuinidad y la pericial informática

El Tribunal Supremo ha desarrollado una doctrina específica en torno a la autenticidad de los documentos electrónicos. La catedrática Sanchis Crespo explicó que, según el TS, la «genuinidad» de un documento digital depende de su capacidad para ser verificado como auténtico y no manipulado. 

Las sentencias del TS subrayan la importancia de la pericia informática en la validación de estos documentos. En este sentido, la catedrática enfatizó la necesidad de recurrir a expertos periciales en informática cuando se presenten pruebas electrónicas, dada la posibilidad de manipulación de estos archivos.

La reforma también destaca la importancia de la prueba pericial informática. El coste de estos peritajes puede ser elevado, pero es fundamental para garantizar la integridad de la prueba electrónica. Es por ello que las ponentes insistieron en que los abogados deben informar a sus clientes sobre la importancia de incluir este tipo de prueba para asegurar una valoración justa por parte del tribunal.

Problemas de acceso y valoración de pruebas

Otro tema crucial es la presentación de documentos en formato digital durante el proceso judicial. Según la normativa actual, los documentos deben presentarse preferentemente en formato electrónico. 

No obstante, persisten problemas de acceso y limitaciones técnicas, como la capacidad del sistema LexNet, que aún presenta restricciones en el tamaño de los archivos que se pueden subir. 

Desde el punto de vista de la prueba electrónica y la práctica Judicial, la letrada Gómez Ruano destacó la importancia de que los profesionales se aseguren que los documentos que remiten a través de plataformas informáticas como Lexnet se reciban correctamente y estén oportunamente indexados y ordenados a fin de facilitar su labor, evitando requerimientos innecesarios y por consiguiente demoras en la tramitación de los procedimientos.

Finalmente, la valoración de estos documentos por parte de los jueces sigue siendo un desafío. El tribunal debe evaluar la autenticidad e integridad de cada prueba electrónica, lo que implica una labor meticulosa de cotejo y verificación, generalmente apoyada por la pericia informática.

Conclusiones y futuro de la documentación electrónica

En conclusión, la catedrática Carolina Sanchis Crespo ofreció una visión clara y crítica sobre el estado actual y los desafíos futuros de la documentación electrónica en el proceso judicial. 

A pesar de los avances, queda un largo camino por recorrer para lograr una integración plena y eficaz de estos medios en nuestro sistema judicial. La colaboración entre juristas y expertos en tecnología será esencial para superar las barreras existentes y garantizar que la justicia pueda beneficiarse plenamente de las ventajas que ofrece la era digital.

Desde Sirera Saval Abogados, nos comprometemos a seguir profundizando en estos temas y ofreciendo a nuestros clientes el asesoramiento más actualizado y riguroso en materia de documentación electrónica y pruebas digitales.