Nuevas reformas en el concurso de acreedores: Lo que las empresas deben saber en 2025
El inicio de 2025 trae consigo algunas reformas legislativas que afectarán, entre otras, a las empresas con determinadas dificultades financieras. Entre ellas, destaca el fin de la moratoria contable implementada durante la pandemia de COVID-19. Igualmente, la entrada en vigor de nuevas normativas orientadas a modernizar y agilizar los procedimientos concursales. Este artículo examina las modificaciones legislativas más relevantes en materia de concurso de acreedores. Analizamos también su impacto práctico para las empresas en situación de insolvencia.
Contexto y objetivos de las reformas
La Ley Concursal ha sido objeto de sucesivas modificaciones en los últimos años con el objetivo de adaptar el marco normativo a las exigencias de la Unión Europea. Especialmente, la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración preventiva y exoneración de deudas. Estas reformas también han ayudado enormemente a poder afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, que provocó un aumento significativo de empresas en situación de insolvencia actual o inminente.
El principal objetivo de estas modificaciones es facilitar la viabilidad empresarial, proteger el empleo y reducir el tiempo y los costes asociados a los procedimientos concursales. Asimismo, se busca incrementar la transparencia y la seguridad jurídica en el tratamiento de las insolvencias.
Fin de la moratoria contable: Un antes y un después
¿Qué era la moratoria contable?
La moratoria contable permitió a las empresas no tener en cuenta determinadas pérdidas contables a la hora de valorar su situación patrimonial y evitar así incurrir en causa de disolución por pérdidas cualificadas, conforme al artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta medida fue inicialmente introducida mediante el Real Decreto-ley 16/2020 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2024 por el Real Decreto-ley 20/2022.
Impacto del fin de la moratoria
Con la finalización de la moratoria contable, a partir del 1 de enero de 2025, las empresas deberán reflejar fielmente en sus cuentas las pérdidas acumuladas. Esto implica que aquellas cuya situación patrimonial sea negativa deberán adoptar medidas inmediatas, como la reducción de capital o la solicitud de concurso de acreedores, para evitar responsabilidades legales para los administradores.
El fin de esta medida exige a las empresas una gestión más proactiva y un análisis detallado de su situación económica para prever posibles escenarios de insolvencia y actuar en consecuencia.
Nuevas disposiciones mercantiles según la LO 1/2025
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce modificaciones relevantes en materia de concurso de acreedores, destacando:
Exclusión de la materia concursal en medios alternativos de resolución de conflictos
El Título II de la LO 1/2025 regula los medios no jurisdiccionales de solución de controversias, aplicables a asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos. Sin embargo, la materia concursal queda excluida de este ámbito debido a la existencia de normativas específicas que ya prevén soluciones adaptadas a las particularidades de las insolvencias empresariales.
Modificaciones específicas de la Ley Concursal
- Límites en las retribuciones de la administración concursal: Según el artículo 86.1, regla segunda, la retribución total máxima será la menor entre 1,5 millones de euros o el 4% del valor del activo del concursado.
- Revisión de los poderes del registrador: El artículo 415.5 delimita los supuestos en los que el registrador puede solicitar información adicional a la administración concursal sobre reglas especiales de liquidación.
- Procedimientos para microempresas: El artículo 713.4 y 5 regula un procedimiento especial de liquidación específico para microempresas, promoviendo la eficiencia y simplicidad.
Digitalización de los procedimientos concursales
Las reformas en materia de concurso de acreedores también incluyen medidas para fomentar la digitalización de los procedimientos concursales, en línea con los objetivos de eficiencia y modernización de la administración de justicia. Estas estrategias de digitalización incluyen no solo herramientas tecnológicas, sino también cambios estructurales en los procedimientos, con el fin de optimizar la resolución de conflictos en el ámbito concursal.
Impacto en el ámbito concursal
- Reducción de tiempos y costes: La implementación de plataformas digitales como el Portal Concursal y sistemas de notificaciones electrónicas permite una mayor celeridad en las gestiones, reduciendo significativamente el tiempo necesario para la tramitación de casos concursales.
- Accesibilidad y transparencia: La digitalización centraliza la información relevante de los procedimientos, facilitando el acceso para todas las partes involucradas y mejorando la transparencia en la administración de justicia.
- Automatización de procesos: La introducción de sistemas de inteligencia artificial y automatización de trámites mejora la eficiencia de los procedimientos, eliminando pasos redundantes y minimizando errores humanos.
- Modernización estructural: La formación continua de jueces, abogados y administradores concursales en herramientas digitales es esencial para garantizar una transición fluida hacia un sistema más moderno y adaptado a las necesidades actuales.
Estas estrategias no solo benefician a las empresas y acreedores, sino que también fortalecen la confianza en el sistema judicial, alineándose con los estándares europeos de modernización administrativa.
Asesoramiento legal experto
En Sirera y Saval, entendemos la complejidad de las recientes reformas y su impacto en las empresas. Nuestro equipo de especialistas en derecho concursal y mercantil está preparado para asesorarte y acompañarte en el proceso concursal.
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